El modelo castizo contaba con tres principios dogmáticamente defendidos desde su aparición en la escena española:
1) El cierre del mercado nacional a la competencia extranjera, mediante el tupido cedazo de los elevados derechos de un arancel protector, sustituido más tarde por el muro impenetrable de los contingentes, el apoyo de las ayudas ocasionales de la sobrevaloración del tipo de cambio o las permanentes que incorporaban nuestras Leyes de protección a la industria nacional.
2) La reglamentación intervencionista del Estado de la actividad económica. Las decisiones de los de los agentes económicos del país durante la vigencia de ese modelo estuvieron empapeladas por las previas decisiones discrecionales de la Administración Pública.
3) No comprometer la estabilidad de precios ni con un sistema monetario ni con políticas capaces de implantarla. Al tiempo de contar un Banco de España no operativo.
En este sentido los problemas derivados de este modelo castizo serían los siguientes: La limitación del desarrollo por la corta extensión del mercado interno, cautivo de sus producciones que no generaban el beneficio de las economías internas y externas por la limitada demanda que del interior podía recibirse; crisis graves y periódicas de la balanza de pagos por la imposibilidad/dificultad de la adaptación de las empresas a los ajustes necesarios impuestos por los cambios en las circunstancias internacionales o por los propios requerimientos del proceso interno de desarrollo. Ajustes empresariales obligados pero imposibles de realizar con la rapidez necesaria por la previa aprobación reglamentaria del Estado y, en fin, el carácter crónicamente inflacionista del proceso de desarrollo, ya que ese modelo nunca aceptó la disciplina monetaria como garantía de estabilidad.
Para solventar esta situación y lograr el paso de este modelo de economía castizo a un modelo de economía abierta tuvo lugar una larga serie de reformas. En este sentido, la primera fecha histórica de ese cambio trascendente es la del llamado Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959.
Sus objetivos inmediatos fueron: lograr un equilibrio interno de los precios, reduciendo la inflación y las expectativas alcista que dominaban la escena española de 1959 ; liberalizar el comercio exterior y conseguir la convertibilidad de la peseta para facilitar los intercambios y liberalizar la actividad económica interna eliminando el intervencionismo. El fin último era la integración en la economía internacional, empezando por la Comunidad Europea.
Es ocioso decir que dichos objetivos no se cumplieron, debido entre otras cosas a la coyuntura política del país (dictadura). Sería con los Pactos de la Moncloa de 1977 y el Programa Económico a Plazo Medio del gobierno socialista de 1983 a 1988, como se conseguirían de verdad dichos objetivos.
Avanzando históricamente, podemos afirmar que los rasgos dominantes a que ha respondido y responde la Hacienda Pública de nuestra democracia son los siguientes:
- La explosión del gasto público, como indican los datos de su participación en el PIB, situados en 1975 en el 25% del total de la producción; y alcanzando un 49,1% en 1993.
- Crecimiento de la presión fiscal y el principal problema estructural: el fraude fiscal generalizado.
- Presencia de déficit público y el aumento constante de la Deuda Pública.
- Restricción presupuestaria laxa.
- Papel creciente de las Haciendas Territoriales con un sesgo favorable al déficit y una propensión creciente al endeudamiento. Papel acuciado a medida que se desarrolla el Estado de las Autonomías.
- Ingreso de España en la UE con cambios importantes en gastos y el nivel de imposición
- Ausencia de las condiciones necesarias para un funcionamiento eficiente de las empresas públicas, debido sobre todo a que las pérdidas en última instancia son financiadas por los Presupuestos Generales del Estado.
En conclusión, son en éstas áreas donde debe incidir las reformas oportunas para obtener una mejora y una Hacienda Pública más eficaz y eficiente.
1) El cierre del mercado nacional a la competencia extranjera, mediante el tupido cedazo de los elevados derechos de un arancel protector, sustituido más tarde por el muro impenetrable de los contingentes, el apoyo de las ayudas ocasionales de la sobrevaloración del tipo de cambio o las permanentes que incorporaban nuestras Leyes de protección a la industria nacional.
2) La reglamentación intervencionista del Estado de la actividad económica. Las decisiones de los de los agentes económicos del país durante la vigencia de ese modelo estuvieron empapeladas por las previas decisiones discrecionales de la Administración Pública.
3) No comprometer la estabilidad de precios ni con un sistema monetario ni con políticas capaces de implantarla. Al tiempo de contar un Banco de España no operativo.
En este sentido los problemas derivados de este modelo castizo serían los siguientes: La limitación del desarrollo por la corta extensión del mercado interno, cautivo de sus producciones que no generaban el beneficio de las economías internas y externas por la limitada demanda que del interior podía recibirse; crisis graves y periódicas de la balanza de pagos por la imposibilidad/dificultad de la adaptación de las empresas a los ajustes necesarios impuestos por los cambios en las circunstancias internacionales o por los propios requerimientos del proceso interno de desarrollo. Ajustes empresariales obligados pero imposibles de realizar con la rapidez necesaria por la previa aprobación reglamentaria del Estado y, en fin, el carácter crónicamente inflacionista del proceso de desarrollo, ya que ese modelo nunca aceptó la disciplina monetaria como garantía de estabilidad.
Para solventar esta situación y lograr el paso de este modelo de economía castizo a un modelo de economía abierta tuvo lugar una larga serie de reformas. En este sentido, la primera fecha histórica de ese cambio trascendente es la del llamado Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959.
Sus objetivos inmediatos fueron: lograr un equilibrio interno de los precios, reduciendo la inflación y las expectativas alcista que dominaban la escena española de 1959 ; liberalizar el comercio exterior y conseguir la convertibilidad de la peseta para facilitar los intercambios y liberalizar la actividad económica interna eliminando el intervencionismo. El fin último era la integración en la economía internacional, empezando por la Comunidad Europea.
Es ocioso decir que dichos objetivos no se cumplieron, debido entre otras cosas a la coyuntura política del país (dictadura). Sería con los Pactos de la Moncloa de 1977 y el Programa Económico a Plazo Medio del gobierno socialista de 1983 a 1988, como se conseguirían de verdad dichos objetivos.
Avanzando históricamente, podemos afirmar que los rasgos dominantes a que ha respondido y responde la Hacienda Pública de nuestra democracia son los siguientes:
- La explosión del gasto público, como indican los datos de su participación en el PIB, situados en 1975 en el 25% del total de la producción; y alcanzando un 49,1% en 1993.
- Crecimiento de la presión fiscal y el principal problema estructural: el fraude fiscal generalizado.
- Presencia de déficit público y el aumento constante de la Deuda Pública.
- Restricción presupuestaria laxa.
- Papel creciente de las Haciendas Territoriales con un sesgo favorable al déficit y una propensión creciente al endeudamiento. Papel acuciado a medida que se desarrolla el Estado de las Autonomías.
- Ingreso de España en la UE con cambios importantes en gastos y el nivel de imposición
- Ausencia de las condiciones necesarias para un funcionamiento eficiente de las empresas públicas, debido sobre todo a que las pérdidas en última instancia son financiadas por los Presupuestos Generales del Estado.
En conclusión, son en éstas áreas donde debe incidir las reformas oportunas para obtener una mejora y una Hacienda Pública más eficaz y eficiente.
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