COMENTARIO VI -El sujeto y el campo de la actividad financiera pública en España

El Sector de las AA.PP., de acuerdo con el SEC-95 incluye a todas las unidades territoriales que son productoras “no de mercado”, esto es, que suministran la mayor parte de su producción de forma gratuita o a precios económicamente no significativos.

En este sentido, en España el Sector AA.PP. engloba cuatro subsectores:

En primer lugar tenemos la Administración Central, que comprende a todos los órganos administrativos del Estado y otros organismos centrales cuya competencia se extiende normalmente a la totalidad del territorio económico, entendiendo este último como el “territorio geográfico que administrado por una administración pública dentro del cual circulen libremente personas, los bienes, los servicios y los capitales”.

En segundo lugar nos encontramos con las Comunidades Autónomas, subsector formado por las Administraciones que constituyen unidades institucionales diferenciadas y que llevan a cabo algunas funciones de Administración pública a un nivel intermedio, inferior al de la Administración Central y superior al de las Corporaciones Locales.

En tercer lugar hablamos de las Corporaciones locales, que comprende todas las Administraciones públicas cuya competencia se proyecta únicamente sobre la respectiva circunscripción local del territorio económico.

En cuarto y último lugar, nos referimos al subsector de las Administraciones de la Seguridad Social, con presupuesto paralelo al del Estado, integrado por todas las unidades institucionales, centrales y territoriales, cuya actividad principal consiste en proporcionar prestaciones sociales.

Por otro lado, si queremos analizar el tamaño del Sector público tenemos que saber que volumen y composición de los gastos y los ingresos públicos constituyen las dos referencias inmediatas acerca del tamaño y los rasgos característicos del mismo.

En este sentido, nuestro país se sitúa algo más cerca de las economías típicamente de mercado que las que tradicionalmente han venido mostrando un mayor grado de intervención pública teniendo en cuenta el ratio gasto público/PIB.

En segundo lugar otro índice de medición es la del volumen de empleo público que ha ido aumentando en España debido al rápido proceso de descentralización. En tercer lugar los gastos de consumo final de las Administraciones Públicas, que consiste en el conjunto de remuneraciones totales de los asalariados dónde el número también ha aumentado. En cuarto lugar nos encontramos con la presión fiscal, que incluye también las cotizaciones a la Seguridad social, donde el sistema tributario va a jugar un papel importante. En último lugar nos encontraríamos con la Deuda consolidada de las AA.PP.

En cuanto a la evolución en el período 1975-1995 podemos definir 10 rasgos característicos:

- El intenso crecimiento del gasto público

- El protagonismo de los gastos de transferencia

- El predominio de los gastos de consumo sobre los de inversión

- El errático comportamiento de los gastos de capital

- El auge de los gastos redistributivos y la pérdida de importancia relativa de los servicios públicos tradicionales

- La creciente intervención pública en la economía

- El crecimiento de la presión fiscal

- La intensidad de los desequilibrios presupuestarios

- La generación de estos desequilibrios por el mal funcionamiento de las AA.PP.

- El aumento permanente de la tasa de endeudamiento.

Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1992, estableció unas condiciones de acceso a la Unión Monetaria Europea que influyeron decisivamente en un cambio de orientación del Sector Público español. Los dos elementos básicos de control presupuestario son el máximo del 3% en cuanto a déficit y el de 60% en cuanto a endeudamiento.

Es curioso, no obstante, cómo en la actualidad, siendo un Estado con un grado de descentralización tan enorme, en esta época de crisis la mayor parte de las administraciones y gobiernos en las Comunidades Autónomas se limpian las manos, miran para otro lado, y arguyen constantemente que el Gobierno central es quien tiene que tomar las medidas adecuadas para salir de la crisis.